El país del Canal

El país del Canal

 Guillermo Castro H.

 El conflicto contractual entre la Autoridad del Canal de Panamá y el Grupo Unidos por el Canal ha tenido, motivado por los sobrecostos en que alega haber incurrido el consorcio que tiene a su cargo la ampliación de la vía interoceánica, ha tenido – entre otras – la virtud de traer de vuelta al Canal al terreno del debate público en Panamá. Con ello se anuncia el fin – quizás, ojalá – del intento de proteger a la operación del Canal de los males políticos de la sociedad a cuyo servicio se encuentra, y se abre la posibilidad de enfrentar aquel riesgo encarando esos males, mediante una reforma constitucional de 1994, que hace de la Autoridad del Canal de Panamá una entidad pública dotada de una autonomía sin precedentes en la historia nacional.

Así planteado el problema, la pregunta clave viene a ser la siguiente: si el Estado controla el Canal, ¿quién controla al Estado? La búsqueda de una respuesta a una pregunta así planteada obligaría a abrir una discusión del mayor interés sobre una serie de temas conexos. Por ejemplo, si en 1994 el Gobierno nacional consideró necesario aislar el Canal de Panamá de los vaivenes de la política criolla, que expresaba a su vez las formas de organización de la economía y la sociedad panameños, ¿por qué no se consideró transformar esa economía y esa sociedad de modo que se convirtieran de elemento de riesgo en factor de estímulo y apoyo a una gestión eficiente del Canal?

La respuesta tendría que ser evidente: aquel gobierno era expresión de aquel país, y cualquier intento de cambiar el país hubiera significado su propia liquidación. Por lo mismo, en vez de abordar el desafío en su raíz, las autoridades estatales hicieron del Canal el espejo donde los panameños podemos contemplar a diario lo peligrosos que somos para nosotros mismos, debido a nuestra incapacidad para encarar los problemas de fondo que arrastramos desde (al menos) la derrota liberal en la Guerra de los Mil Días, librada entre 1899 y 1902 y culminada en una victoria conservadora al amparo de la amenaza de intervención por parte de los Estados Unidos. Se fueron en cambio por las ramas, y es la agitación del follaje por el diferendo administrativo sobre los costos de la ampliación del Canal lo que puede recordarnos – o no – que esas raíces existen.

Ernesto Pérez Balladares, Presidente de la República entre 1994 y 1999, dijo alguna vez que estábamos ante la disyuntiva de desarrollar el país o subdesarrollar el Canal. Nunca tuvo tanta razón como en estos días. Quizás ha llegado la hora de poner a la República en condiciones de encarar las responsabilidades que le corresponden para poner el Canal a su servicio. Para eso, habrá que empezar por preguntarse si la operación eficiente del Canal es compatible con la presencia de una sociedad democrática, equitativa y comprometida con la sostenibilidad de su propio desarrollo, y con un Estado que controle el Canal en correspondencia con esos propósitos.

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